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Opinión: Una Ordenanza para la Transparencia en Libertador por Julio Castellanos

La corrupción, el tráfico de influencias, el peculado de uso y la proliferación de testaferros son una plaga que devora el dinero público. Tanto es así que un alcalde corrupto puede; amparado en la nocturnidad, la impunidad y la opacidad administrativa; beneficiar con contrataciones sin licitación a sus amigos y, por su parte, concejales irresponsables pueden desviar para sí unidades de transporte tipo taxis dirigidos originalmente para cooperativas de conductores. Eso es posible por la ausencia de transparencia en la gestión de gobierno.

Sin embargo, ese proceder no es una fatalidad bíblica, puede corregirse con normativas y fijación de procedimientos. Organizaciones no gubernamentales como Transparencia Venezuela han propuesto la aprobación de ordenanzas municipales que, de conformidad con lo previsto en la Constitución, creen mecanismos de acceso sin limitación a la información pública y sanciones a los funcionarios que oculten datos de interés ciudadano.

El fomento de la transparencia administrativa es muy importante para acabar con el flagelo de la corrupción pero en el municipio Libertador estás iniciativas no son recibidas con entusiasmo, al contrario, tal parece que el gobierno y el concejo municipal son alérgicos a la transparencia y a la rendición de cuentas. De hecho, hay ordenanzas (que por definición son documentos públicos) consideradas secretas y no se autoriza su difusión, tal es el caso de la “Ordenanza de la Convivencia” que establece un doble tributo a la actividad económica. Según esta lógica revolucionaria, los comerciantes tienen el deber de pagar pero no tienen derecho a saber qué pagan.

Por otro lado, se habla del “Presupuesto Participativo” y se convoca a los consejos comunales para que cada año lleven sus necesidades a un evento público para tomarse fotos con el alcalde y su tren ejecutivo pero, a la fecha, ningún concejo comunal tiene información sobre cuánto y cuándo se tiene previsto invertir en alguna obra en su respectiva comunidad, por tanto, tampoco pueden ejercer la respectiva contraloría social. Tocuyito está desbordado de obras inconclusas, sin paternidad y sin dolientes, solo hay relatos de gente que de la noche a la mañana pasaron de humildes funcionarios a dueños de comercios, clubes, fincas o, peor, están en Chile publicando “selfies” de su nueva y prospera vida lejos de la dictadura que colaboraron a construir.

El artículo 28 de la Constitución indica que toda persona “(…) podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, tengo entendido que el galáctico dijo “dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada”… Si el “legado” sirve de algo que sirva para hacer transparente la gestión pública.

Es por ello que solicito públicamente (más vale un compromiso público que un juramento en privado) sea discutida y aprobada una Ordenanza Municipal de Transparencia. Que tal procedimiento se inicie con un cabildo abierto en la Plaza Bolívar de Tocuyito y se nos permita exponer nuestro anteproyecto sobre la materia frente a toda la ciudadanía. El pueblo merece conocer la verdad, caiga quien caiga. #BáilameEseTrompoEnLaUña

 

Plaza Bolívat Tocuyito Aaron Nimzowitsch

 

Redacción: Julio Castellanos / @rockypolitica / jcclozada@gmail.com

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